Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Cada COP responde al contexto cultural, económico, institucional y geopolítico. En este caso, los objetivos del límite al aumento de la temperatura y la neutralidad en carbono al 2050, se plantearon en un mundo que intenta recuperarse de la COVID-19 con una marcada desigualdad, pasos regresivos en desarrollo humano, la guerra en Ucrania y la triple crisis climática de pérdida de biodiversidad y contaminación.

La agenda de la COP 27 de Egipto incorporó concretamente temas que tienen que ver con la asimetría en el origen y la evolución de los impactos en el cambio climático, ahondando en las pérdidas y daños que han sufrido y sufren los países más vulnerables a éste, además de la urgencia por dar respuestas y financiar la recuperación.

El financiamiento resulta fundamental para hacer frente a la inversión que demanda la agenda climática y que aún está a la espera de las cifras comprometidas por los países de alto desarrollo, en el marco de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Adicional a esos compromisos, es necesario trabajar en herramientas concretas para las finanzas sostenibles con el fin de hacer posible el logro de hitos ascendentes para los países, actores sociales y sectores productivos.

En América Latina y el Caribe, donde se concentra el 46,5 % de bosques del mundo y se produce el 8,1 % de emisiones de gases de efecto invernadero, si bien existen avances en relación a la ambición de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), como muestra un estudio de la iniciativa Climate Promise del PNUD, el financiamiento continúa siendo una asignatura pendiente a fortalecer y profundizar. En este sentido, instrumentos innovadores como el canje de deuda por acción climática, los bonos verdes y otras herramientas alternativas de las finanzas sostenibles resultan clave; además, la unidad y colaboración regional para abordar la crisis climática e impulsar un desarrollo integral y sostenible en un marco de transición justa es fundamental (Declaración CELAC, 2022).

El fortalecimiento y coordinación institucional además del involucramiento y participación de actores son también desafíos pendientes para una región “superpoderosa en biodiversidad”  donde la violencia contra los defensores y defensoras ambientales es una realidad. Así mismo, el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales cobra especial relevancia.

La región presenta diversos ejemplos relevantes para el avance hacia la acción climática, tal es el caso del “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030” por parte de Argentina; la experiencia de Perú en esquemas participativos de carácter público privado para la definición de hojas de ruta hacia la transición energética; la de Paraguay en materia de Pago por resultados y REDD+ ; así como el trabajo de las y los jóvenes en la Cumbre Climática de la Juventud para América Latina y el Caribe.

La energía de la COP 27 con sus discusiones y movimientos, nos muestra que el problema climático, requiere que sigamos actuando con un horizonte común, como colectivo global, multilateral, inclusivo e intergeneracional.