29 de noviembre 2021

Por Paloma Toranzos, Jefa del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Fernando Córdova, Coordinador Nacional del Proyecto de Gasto Público en Cambio Climático, PNUD Chile

En las montañas, valles y costas de Chile, las huellas del cambio climático son cada vez más evidentes. Las precipitaciones son cada vez más impredecibles. El clima extremo está aumentando.

Según el Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres (EM-DAT), el país registró 38 episodios de inundaciones o deslizamientos de tierra catastróficos, 12 tormentas severas, 13 incendios forestales y nueve episodios de calor extremo entre 1970 y 2019, alrededor de dos millones personas se vieron afectadas, con daños estimados en US$ 4.785 millones.

Estos fenómenos climáticos extremos se han vuelto 30 veces más frecuentes en los últimos cincuenta años.

El clima también se está tornando más caluroso y seco. La última década ha sido la más cálida de los últimos 100 años. Las precipitaciones han sido escasas en los últimos años: en 2020, la zona central del país (desde Coquimbo hasta Bío Bío) experimentó un déficit de precipitación promedio del 38 %.

Combinados, la escasez de lluvias y el calor extremo han provocado una “mega-sequía” sin precedentes, con consecuencias directas para los medios de vida agrícola, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en general de las comunidades rurales.

Datos para la toma de decisiones

A la vanguardia de la respuesta del gobierno al cambio climático, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) están liderando varias iniciativas clave. Estas incluyen un esfuerzo para comprender mejor el gasto público en programas e inversiones relacionados con el cambio climático (adaptación y mitigación), incluidos los relacionados con el acceso al agua.

En el marco del Programa de Apoyo a las NDC (enlace en inglés), el PNUD ha estado apoyando al Ministerio y a la DIPRES para avanzar en su agenda climática, tomando ventaja de las metodologías de Gasto Climático y Revisión Institucional del Sector Público (CPEIR, por sus siglas en inglés) y Etiquetado del Presupuesto Climático (CBT, por sus siglas en inglés).

Los resultados hasta ahora incluyen la identificación de iniciativas de adaptación y mitigación en diferentes ministerios, incluidos los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura y Energía.

Por ejemplo, según los datos disponibles del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), entre 2016 y 2020 se desarrollaron 170 proyectos de agua potable rural en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana (regiones que enfrentan una grave escasez de agua y recientemente se declararon en situación de emergencia agrícola). Más de 134 mil millones de pesos chilenos (aproximadamente US$ 6.5 mil millones), con un promedio de alrededor de 27 mil millones de pesos anuales, han sido canalizados por el Ministerio de Obras Públicas y Gobiernos Regionales hacia estos proyectos.

En otro ejemplo, el análisis del Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y DIPRES ha revelado que de 32 programas identificados como asociados con el cambio climático, cinco abordaron los impactos de la escasez de agua.

Los datos destacan los importantes esfuerzos gubernamentales que ya están en marcha para abordar los impactos del cambio climático, con beneficios directos para las comunidades. Sin embargo, y lo que es crucial, los datos también ayudan a identificar las brechas, las prioridades de inversión y las políticas que permitirán a Chile continuar abordando los impactos del cambio climático en los próximos años. En ese contexto, la DIPRES se ha comprometido ahora a informar de los resultados anualmente al Congreso Nacional.

“Al clasificar el gasto público y su contribución al cambio climático, es posible evaluar el efecto de las políticas y actividades que se llevan a cabo a nivel nacional, además de determinar la eficiencia y efectividad del gasto presupuestario”, dice Cristóbal Gamboni, Coordinador de Macroeconómico y de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda.

“Esta clasificación ayuda a generar indicadores para la gestión del gasto climático, cuantificando el costo fiscal tanto de las medidas de mitigación como de adaptación en el largo plazo, visibilizando su impacto y decidiendo con más información. Esto permite también la alineación de objetivos ambientales, objetivos nacionales y compromisos internacionales”.

“Es por eso que el Ministerio de Hacienda de Chile considera fundamental contar con este tipo de clasificación para el gasto público, dando prioridad a este trabajo”.

Mirando hacia el futuro

Con su geografía diversa y una susceptibilidad a los desastres naturales, Chile es sumamente vulnerable al cambio climático.

El Gobierno de Chile se enfoca en reducir esta vulnerabilidad mediante la implementación de un Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático (2017-2022) y una Contribución Determinada a Nivel Nacional mejorada, al tiempo que examina de cerca el financiamiento requerido.

El PNUD ahora apoyará al gobierno en la expansión de la medición del gasto climático a otras instituciones públicas incluidas en la Ley de Presupuestos. La metodología de Gasto Climático y Revisión Institucional del Sector Privado (PCEIR, por sus siglas en inglés) también puede informar la medición de la inversión privada.

A medida que el país busca promover un desarrollo inclusivo, sostenible y con bajas emisiones de carbono, es clave tener una mejor comprensión de cómo se gasta el dinero y con qué eficiencia.