¿Qué es la transición justa y por qué es importante para la acción climática?

¿Qué es la transición justa y por qué es importante para la acción climática?
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Resumen

  • El concepto de transición justa hace referencia a la integración de los principios, procesos y prácticas de justicia social y equidad en la acción climática.
  • La transición justa se debe definir a nivel local, en función de las prioridades, la estructura económica y el contexto social de cada país.
  • La integración de la transición justa en las políticas y la acción climáticas requiere un enfoque que involucre a toda la sociedad y que reúna a todos los actores y partes interesadas clave.
  • Una transición justa puede contribuir a crear nuevos empleos verdes, impulsar soluciones locales, promover el desarrollo sostenible y generar apoyo público en favor de la acción climática.
  • Los países pueden enfrentar obstáculos en sus esfuerzos por lograr una transición justa, que van desde la falta de claridad y consenso sobre lo que esta implica hasta las deficiencias en los datos y la insuficiencia de fondos. 
¿Qué es una transición justa?

El concepto de transición justa hace referencia a la integración de los principios, procesos y prácticas de justicia social y equidad en la acción climática. En términos generales, una transición justa puede tener lugar cuando los países adoptan vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima de forma equitativa, socialmente inclusiva y viable desde el punto de vista económico, de modo que se garantice que los beneficios de la transición se distribuyan de manera amplia y se minimicen los impactos negativos sobre los trabajadores, las comunidades y los grupos vulnerables.

Sin embargo, una transición justa se debe definir a nivel local, en función de las prioridades, la estructura económica y el contexto social de cada país. Por lo tanto, el significado de equidad en la transición puede variar ampliamente de un lugar a otro. En algunos países, puede implicar apoyar la transición de los trabajadores del carbón hacia nuevos sectores y mantener estable el precio de la electricidad para proteger a los grupos vulnerables. En otros, puede significar proteger los medios de subsistencia rurales al tiempo que se reduce la deforestación, o garantizar que los nuevos empleos en los sectores verdes estén a disposición tanto de mujeres como de hombres.

Por otra parte, las consideraciones sobre la transición justa no se pueden separar de cuestiones más amplias en torno a la justicia climática mundial y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas incluido en el Acuerdo de París.

¿Por qué es importante el concepto de transición justa?

La crisis climática es el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad. Los países deben adoptar con urgencia medidas audaces y a gran escala para evitar las peores consecuencias. Sin embargo, la forma en que los gobiernos deciden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero tiene profundas implicaciones sociales, desde las repercusiones en los medios de subsistencia, los puestos de trabajo, la educación y la salud hasta las preocupaciones en materia de justicia social, derechos humanos e igualdad de género.

Si bien el Acuerdo de París establece una clara dirección para la acción, cada país debe decidir qué vías de transición va a seguir. De no gestionarse adecuadamente, la transformación socioeconómica que se pretende lograr mediante la acción climática corre el riesgo de acentuar aún más la desigualdad social y la exclusión, y de reducir la competitividad de las empresas y los mercados, al tiempo que debilita el apoyo público a la ambición climática. Los países pueden minimizar estos desafíos en la búsqueda de un futuro con bajas emisiones de carbono si consolidan vías de transición que refuercen la equidad y la inclusividad y no dejen a nadie atrás.

Los países en desarrollo se enfrentan a desafíos de transición específicos, entre los que se incluyen las restricciones fiscales, los altos índices de pobreza, las redes de seguridad social débiles, las deficiencias en el acceso a la energía y una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Si bien los países desarrollados pueden subvencionar las tecnologías e industrias verdes, los países en desarrollo que disponen de un acceso reducido al capital corren el riesgo de quedar excluidos de las cadenas de valor emergentes con bajas emisiones de carbono. Esto hace que las poblaciones y las economías de los países en desarrollo sean más vulnerables a las posibles consecuencias negativas derivadas de la transición mundial hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono.

¿Cuáles son las ventajas de una transición justa?

A medida que los países de todo el mundo actualizan e implementan sus planes climáticos nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) y sus estrategias a largo plazo (LT-LEDS, por sus siglas en inglés), la incorporación de los principios, procesos y prácticas de la transición justa en su acción climática puede aportar múltiples beneficios:

  • Una transición justa contribuye a obtener el apoyo de la opinión pública. Si los gobiernos logran demostrar los beneficios socioeconómicos que aporta una transición con bajas emisiones de carbono, pueden crear una amplia base de apoyo público para una mayor ambición climática, ya que la ciudadanía estará más dispuesta a respaldar las políticas e inversiones asociadas.
  • Una transición justa puede crear nuevos empleos verdes con un salario mínimo vital garantizado, medidas adecuadas de seguridad en el lugar de trabajo y prestaciones de salud. Estos empleos de calidad mejorarán la vida de las personas, sus familias y sus comunidades. Además, contribuirán a atraer a los trabajadores que se necesitan para llevar a cabo la transformación económica necesaria.
  • Una transición justa sienta las bases sociales de una economía resiliente con cero emisiones netas. Los gobiernos pueden minimizar la oposición que podría obstaculizar el abandono de los combustibles fósiles y otras actividades perjudiciales, como la deforestación y las prácticas de producción ineficientes, mediante una planificación transparente y la participación activa de una amplia gama de partes interesadas.
  • Una transición justa puede impulsar soluciones locales. Los procesos consultivos asociados al logro de una transición justa permiten a los países comprender mejor los impactos positivos y negativos de la acción climática y así identificar las mejores soluciones para su contexto.
  • Una transición justa refuerza la urgencia de aunar esfuerzos para combatir el cambio climático. Las transiciones suelen ser disruptivas y requieren un esfuerzo deliberado para que resulten manejables. Una estrategia de transición justa ayudará a los líderes a mantener el enfoque en la urgente tarea de la descarbonización rápida, al tiempo que se esfuerzan por obtener resultados justos e inclusivos.
  • Una transición justa contribuye a promover el avance en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los relacionados con la igualdad de género, la energía asequible y limpia, el empleo decente y el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, y la producción y el consumo responsables.
¿Quiénes participan en la realización de una transición justa?

La integración de la transición justa en las políticas y la acción climáticas requiere un enfoque que involucre a toda la sociedad y que reúna a todos los actores y partes interesadas clave para articular una visión conjunta de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. La transición justa e inclusiva es beneficiosa para todas las personas porque refuerza la aceptación social, protege los medios de subsistencia, y hace que la acción climática sea más sostenible y políticamente viable.

Los gobiernos, en su calidad de coordinadores del diálogo social y de los procesos de consulta, tienen la responsabilidad principal de establecer los marcos de políticas y normativos necesarios para acelerar la acción climática sustentada en una transición justa. Además, son inversores fundamentales —propietarios de empresas e infraestructuras estatales— y empleadores de los trabajadores del sector público, quienes desempeñan una función esencial para hacer posible una transición justa.

Por su parte, las empresas son fundamentales para identificar riesgos y aprovechar oportunidades, lo que contribuye a crear y hacer crecer nuevos mercados y cadenas de valor. También son clave para garantizar el respeto de los derechos laborales y humanos y ayudar a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades ecológicas.

Los países en desarrollo enfrentan desafíos de transición específicos, entre los que se incluyen las restricciones fiscales, los altos índices de pobreza, las redes de seguridad social débiles, las deficiencias en el acceso a la energía y una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Foto: PNUD Sri Lanka
Los países en desarrollo enfrentan desafíos de transición específicos, entre los que se incluyen las restricciones fiscales, los altos índices de pobreza, las redes de seguridad social débiles, las deficiencias en el acceso a la energía y una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Foto: PNUD Sri Lanka

Los sindicatos son cruciales para lograr una transición justa, ya que se aseguran de que las necesidades de los trabajadores se tengan en cuenta a la hora de diseñar los planes de transición. Asimismo, desempeñan la importante función de velar por que los empleos verdes sean buenos puestos de trabajo con salarios justos, prestaciones y condiciones de trabajo seguras.

Las universidades y los centros de formación profesional generan los conocimientos y preparan la fuerza laboral necesaria para que se produzca una transición justa, lo que influye de manera directa en la rapidez con la que los países pueden alcanzar sus objetivos climáticos. Los niños, niñas y jóvenes menores de 30 años constituyen la mitad de la población mundial, por lo que necesitan habilidades relevantes que les permitan participar y prosperar en una economía con bajas emisiones de carbono.

La comunidad internacional es una parte interesada clave para impulsar una transición justa a escala mundial. Ha institucionalizado cada vez más la transición justa como un componente fundamental de la gobernanza climática mundial a través de un proceso guiado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En los últimos años, el proceso ha pasado del reconocimiento político general a los compromisos concretos. En la 28.a Conferencia de las Partes (COP28), la transición justa se incorporó formalmente al proceso de negociaciones climáticas mediante la puesta en marcha del Programa de Trabajo para una Transición Justa (enlace en inglés). Posteriormente, en la COP30, se estableció un Mecanismo de Transición Justa (enlace en inglés) dedicado a apoyar la cooperación, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades para las vías de transición lideradas por los países, lo que indica que la transición justa es un factor clave para una acción climática eficaz.

¿Cuáles son los obstáculos para lograr una transición justa?

Los países pueden enfrentar una serie de obstáculos en sus esfuerzos por lograr una transición justa.

A menudo, existe una falta de claridad y de consenso sobre lo que implica en la práctica una transición justa. Si bien el concepto cuenta con un amplio respaldo, su interpretación varía de un país a otro en función de las estructuras económicas, los mercados laborales y las prioridades de desarrollo. Esto puede dar lugar a enfoques fragmentados, en los que la transición justa se considera un principio de alto nivel en lugar de traducirse en políticas, objetivos y marcos de implementación concretos.

Asimismo, existen importantes deficiencias en materia de datos, pruebas y capacidades nacionales. Muchos países carecen de datos sólidos sobre los beneficios socioeconómicos de la acción climática, además de las herramientas analíticas necesarias para evaluar cómo las diferentes políticas afectan los puestos de trabajo, los ingresos y los grupos vulnerables. Al mismo tiempo, las limitadas capacidades técnicas e institucionales restringen tanto el diseño como la implementación de las políticas. Esto incluye la capacidad de realizar evaluaciones de impacto, elaborar modelos, coordinar entre sectores, y alinear los sistemas de educación y capacitación con las necesidades emergentes del mercado laboral verde. En conjunto, estas deficiencias dificultan la priorización de las intervenciones, el diseño de medidas de apoyo específicas y la garantía de una ejecución eficaz.

La inversión inadecuada y no alineada supone también un obstáculo fundamental. Las medidas de transición justa, como los programas de reciclaje profesional, los mecanismos de protección social y los procesos de diversificación económica regional, requieren una inversión pública sostenida; sin embargo, estas áreas suelen estar infrafinanciadas. Al mismo tiempo, la financiación privada e internacional tiende a dar prioridad a las infraestructuras de mitigación, sin prestar suficiente atención a las dimensiones sociales. Esto suele dar lugar a una brecha entre la ambición y la implementación.

¿De qué modo presta apoyo el PNUD a los países para llevar adelante una transición justa?

El PNUD, que cuenta con un amplio mandato en materia de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza, ofrece soluciones integrales a los países que desean incorporar enfoques basados en la equidad, la justicia y la transición justa en la acción climática.

Este apoyo se basa en cinco puntos de entrada clave:

  • Realizar evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los impactos de la transición.
  • Mejorar el diálogo social y la participación de las partes interesadas.
  • Fortalecer las instituciones, las políticas y las capacidades técnicas.
  • Desarrollar marcos de medición, notificación y verificación (MNV).
  • Acceder a la financiación para la transición.

El PNUD ayuda a los países a establecer vínculos entre la acción climática, la inclusión social, la igualdad de género y el desarrollo sostenible a través de su iniciativa emblemática Climate Promise. Hasta la fecha, ha prestado apoyo a más de 72 países y territorios para promover una transición justa en estas áreas.

Côte d'Ivoire (enlace en inglés) ha incorporado los principios de la transición justa en su último plan climático nacional, con el apoyo del PNUD y amplias consultas con las autoridades locales, la juventud, las mujeres, el sector privado y la sociedad civil. Un capítulo dedicado a la transición justa en la NDC reconoce que la acción climática remodelará la producción, el consumo y los mercados laborales, y en él se describen los principios, estrategias y medidas que impulsan los mecanismos de diálogo social, la igualdad de género y la implementación territorial, al tiempo que promueven los empleos verdes, la protección social y el desarrollo de capacidades.

Con el apoyo del PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jamaica creó un modelo de evaluación de empleos verdes para identificar los impactos sociales, laborales y económicos de la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. El modelo reveló que, además de los beneficios relacionados con la reducción de las emisiones y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles, un escenario de crecimiento verde podría tener un impacto positivo en el producto interno bruto y generar hasta 8.000 empleos nuevos, lo que incluiría más puestos de trabajo disponibles para las mujeres y la juventud. Estos hallazgos pueden aportar información a los responsables de la formulación de políticas y darles confianza en que la integración de los principios de transición justa en la acción climática puede apoyar el trabajo decente, la inclusión social y el crecimiento económico.

Como parte de las iniciativas de descarbonización de Bosnia y Herzegovina (enlace en inglés), el PNUD contribuyó a la modernización de los edificios públicos para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones, además de incorporar un enfoque de transición justa. El proyecto fortaleció la gestión energética de 7.099 edificios públicos, creó 8.381 empleos verdes y movilizó más de 92,5 millones de dólares de los Estados Unidos en cofinanciación. Esta labor, que combina la reducción de emisiones con el empleo inclusivo, el desarrollo de habilidades y los beneficios económicos basados en el ámbito local, demuestra cómo la acción climática puede contribuir de forma directa a una transición justa y centrada en el desarrollo.

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