Foto: UNDP Bolivia
Bolivia se encuentra en un momento decisivo en su transición energética. Durante años, el sistema eléctrico del país ha dependido predominantemente de centrales termoeléctricas que utilizan gas natural, un recurso que ha sostenido tanto el suministro de energía como una parte importante de los ingresos públicos. Sin embargo, la disminución de las reservas domésticas de gas está comenzando a revelar vulnerabilidades estructurales en el sistema energético, generando mayores presiones sobre las finanzas públicas y planteando interrogantes fundamentales sobre la seguridad energética a largo plazo.
Estos desafíos se manifiestan con especial claridad en el sector transporte. Bolivia mantiene una alta dependencia de combustibles fósiles importados, en particular diésel y gasolina, para sostener la movilidad, la logística y la producción de alimentos. A medida que se intensifican las restricciones de divisas, asegurar estas importaciones se ha vuelto cada vez más complejo, lo que ejerce presión sobre la balanza de pagos y pone de relieve los riesgos asociados a una dependencia prolongada de los combustibles fósiles.
En este contexto, acelerar la transición energética ha dejado de ser únicamente un objetivo climático para convertirse también en una necesidad económica y estratégica.
En 2025, con el apoyo del Climate Promise del PNUD en el marco del programa Pledge to Impact, Bolivia elaboró una hoja de ruta del sector energético como parte de los esfuerzos recientes para implementar su Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés). Desarrollada mediante un proceso amplio y participativo, la hoja de ruta proporciona un camino claro y accionable para diversificar la matriz energética, reducir vulnerabilidades estructurales, fortalecer la seguridad energética y movilizar inversión pública y privada.
Preparada en estrecha coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y el Viceministerio de Planificación y Desarrollo Energético, la hoja de ruta ayuda a alinear los compromisos climáticos de la NDC de Bolivia con las estrategias de desarrollo nacional y las prioridades sectoriales, garantizando coherencia entre la ambición climática, la planificación energética y los objetivos económicos. Además, mediante la elaboración de balances energéticos subnacionales, la hoja de ruta revela asimetrías regionales en el suministro y la demanda de energía, lo que permite fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia a nivel departamental y municipal, y vincular las metas climáticas nacionales con las prioridades de desarrollo local.
Es importante destacar que, con la llegada de un nuevo gobierno en noviembre de 2025, estas orientaciones oportunas puedan contribuir a definir el rumbo de la política energética del país en los próximos años. A continuación, se presentan cinco recomendaciones clave que la hoja de ruta propone para avanzar hacia un futuro energético sostenible para Bolivia.
1. Impulsar la energía sostenible como motor del desarrollo
La transición energética de Bolivia consiste en avanzar simultáneamente en dos objetivos fundamentales: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar un suministro de energía confiable y asequible para la población y los sectores productivos en todo el país. La hoja de ruta integra estos objetivos en una visión clara a largo plazo hacia 2035, con metas más precisas para el sector energético dentro de la NDC.
En su esencia, la hoja de ruta prioriza el acceso universal a la electricidad y un giro decisivo hacia la energía sostenible, con la expectativa de que las energías renovables representen más del 75 por ciento de la matriz energética. También promueve soluciones energéticas más flexibles y descentralizadas, particularmente sistemas híbridos y distribuidos en zonas aisladas, ayudando a reducir brechas territoriales y fortalecer la resiliencia.
Al mismo tiempo, la hoja de ruta considera tecnologías emergentes para impulsar aún más la transición. La movilidad eléctrica, el alumbrado público moderno, el almacenamiento de energía y el hidrógeno verde se identifican como habilitadores clave de un sistema energético más limpio, seguro y competitivo.
En conjunto, estas prioridades posicionan la energía limpia no solo como una respuesta al desafío climático, sino también como un catalizador para el desarrollo inclusivo, el aumento de la productividad y una mayor integración territorial.
La transición energética de Bolivia implica avanzar simultáneamente en dos objetivos: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar un suministro de energía confiable y asequible para la población y los sectores productivos en todo el país. Foto: PNUD Bolivia
2. Impulsar reformas regulatorias para desbloquear inversión
El marco regulatorio actual de Bolivia ha limitado el desarrollo de nuevas inversiones energéticas. A pesar del vasto potencial de energías renovables del país, el capital privado ha sido limitado debido a regulaciones rígidas, procedimientos administrativos complejos y a la ausencia de incentivos financieros verdes y de acuerdos estables de compra de energía a largo plazo (Power Purchase Agreements, PPAs).
Para abordar estas barreras, la hoja de ruta recomienda un conjunto de reformas orientadas a crear un entorno propicio para la inversión. Entre ellas se incluyen el fortalecimiento del marco legal para las alianzas público-privadas, la introducción de PPAs de largo plazo que brinden mayor certidumbre a los inversionistas, la modernización de la regulación para incorporar empresas de servicios energéticos (ESCOs) y el despliegue de incentivos financieros y fiscales alineados con el clima, como bonos verdes, préstamos concesionales y mecanismos de garantía de riesgos.
A nivel subnacional, el análisis de balances energéticos destaca la importancia de adaptar los instrumentos regulatorios y financieros a las condiciones territoriales. Esto permitiría habilitar la generación renovable descentralizada, promover servicios de eficiencia energética y desarrollar soluciones energéticas locales escalables.
3. Reformar los subsidios a los combustibles fósiles para un mercado energético más justo
El histórico subsidio al diésel en Bolivia ha distorsionado las señales del mercado y ha generado una presión significativa sobre las finanzas públicas. En línea con las recomendaciones de la hoja de ruta, el Gobierno puso fin recientemente a más de dos décadas de precios subsidiados de combustibles, avanzando hacia un esquema basado en precios de mercado para la gasolina y el diésel.
Si bien la reforma de subsidios contribuye a a generar condiciones más equitativas para el desarrollo de las energías renovables y fortalecer la seguridad energética, también requiere un diseño cuidadoso y medidas complementarias de protección social para mitigar los impactos en poblaciones vulnerables. En este sentido, los balances energéticos subnacionales cumplen un papel clave al proporcionar evidencia sobre los efectos territoriales de estas medidas —en particular en sectores como el transporte, la agricultura y la generación eléctrica en sistemas aislados—, lo que permite orientar una estrategia de reforma más focalizada y socialmente sensible.
4. Movilizar financiamiento para transformar la ambición en resultados tangibles
La hoja de ruta incluye una sólida estrategia de movilización de recursos que identifica oportunidades de financiamiento nacionales e internacionales, incluyendo asociaciones público-privadas, bonos climáticos, instrumentos de financiamiento combinado (blended finance) y acceso a fondos globales como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación.
Sobre esta base, la hoja de ruta propone un enfoque estructurado de financiamiento basado en cuatro pilares complementarios: la movilización de financiamiento climático y la innovación financiera; el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas; la modernización del marco regulatorio y de políticas públicas; y la promoción de proyectos estratégicos para la transición energética.
Asimismo, el documento plantea una arquitectura financiera innovadora que incluye vehículos de financiamiento complementarios como un fondo de inversión privada para eficiencia energética y electrificación sostenible, un fondo público para infraestructura estratégica de transición y un fondo de incentivos para energía renovable y movilidad eléctrica. Respaldados por financiamiento combinado, garantías, recursos concesionales y esquemas de financiamiento basado en resultados, estos mecanismos buscan atraer capital privado y escalar proyectos bancables con impactos concretos en el desarrollo sostenible.
5. Colocar la seguridad energética en el centro de la transición energética
Fortalecer la seguridad energética constituye un eje central de la transición energética de Bolivia. Al diversificar su matriz energética y expandir la generación renovable, el país puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la confiabilidad del sistema, aumentar la resiliencia territorial y ampliar el acceso a la energía en áreas rurales y aisladas.
Los balances energéticos subnacionales contribuyen directamente a este objetivo al identificar vulnerabilidades en el suministro energético y orientar estrategias destinadas a reducir la dependencia de importaciones y a aprovechar los recursos renovables disponibles localmente. Gestionada de manera adecuada, la transición energética también puede abrir nuevas oportunidades para la creación de empleo, la innovación tecnológica y la inclusión social, al tiempo que posiciona a Bolivia como un actor estratégico a nivel regional, particularmente considerando su potencial para la producción de litio y de hidrógeno verde.
Al diversificar su matriz energética y ampliar la generación a partir de fuentes renovables, Bolivia puede reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Foto: Carlos Arce Moreira / PNUD Bolivia
A través de reformas regulatorias, una gestión responsable de los subsidios y la movilización de financiamiento verde, Bolivia tiene una oportunidad única para transformar su sector energético, cumplir sus compromisos climáticos y fortalecer su seguridad energética. Para garantizar la implementación y la rendición de cuentas, la hoja de ruta incorpora un marco de monitoreo para dar seguimiento al progreso a lo largo del tiempo.
Al demostrar inversiones concretas y resultados tangibles en el territorio, Bolivia podrá posicionarse como un destino atractivo para la inversión sostenible y alineada con el clima, y convertir en realidad su visión clara, basada en evidencia y construida mediante consenso, de un futuro energético sostenible.
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Implementado en colaboración con una amplia variedad de socios, Pledge to Impact ha apoyado a más de 120 países en la mejora e implementación de sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París. Pledge to Impact cuenta con el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania, Japón, Reino Unido, Suecia, Bélgica, España, Islandia, los Países Bajos, Portugal y otros contribuyentes principales del PNUD. Este programa respalda la contribución del PNUD al NDC Partnership.
