Foto: PNUD El Salvador
El sector del transporte es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe. Si bien la región cuenta con una de las redes eléctricas más limpias del mundo, al ser un 45 % de su producción energética de origen hidroeléctrico, el sector del transporte sigue funcionando en gran medida con combustibles fósiles y representa un promedio del 39 % de las emisiones del sector energético. Con la creciente urbanización de la región, la transición hacia sistemas de transporte de bajas emisiones es esencial para lograr la reducción de emisiones necesaria para hacer frente al cambio climático, de acuerdo con los compromisos contraídos en el Acuerdo de París.
En la región, la adopción de vehículos eléctricos se percibe generalmente como una solución clave para la sostenibilidad del transporte. Sin embargo, es posible mitigar las emisiones en el sector del transporte mediante diversas soluciones, algunas con mucho más potencial que la electrificación. Para la electrificación dentro del sector, se debe tener muy en cuenta tanto la matriz energética como su resiliencia en cada país. Es fundamental saber cómo se produce la energía en el presente y cómo se suministrará a largo plazo, incluso cuando se vea sometida a demandas adicionales o posibles perturbaciones externas. En Ecuador, por ejemplo, una grave sequía de dos años amenazó la confianza del país en la energía hidroeléctrica, que actualmente representa alrededor del 79 % de su producción energética, lo que planteó dudas sobre la viabilidad de la electrificación del transporte. Asimismo, si bien en algunos países de la región, como Costa Rica, Paraguay y Uruguay, casi toda la energía proviene de fuentes renovables, otros —especialmente en el Caribe— dependen casi por completo de los combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades energéticas, y su resiliencia energética es vulnerable a condiciones climáticas peligrosas. Las administraciones nacionales y locales no solo deben tener en cuenta la matriz energética, sino también evaluar cuidadosamente las necesidades y demandas de transporte de su población, al igual que sus recursos y capacidades.
Para comprender plenamente cómo se entrecruzan todos estos factores en un contexto local, es necesaria la intervención conjunta de los sectores público y privado, la sociedad civil, las asociaciones profesionales y el mundo académico en un proceso detallado de evaluación de todas las alternativas y consecución de acuerdos a largo plazo.
Como parte del apoyo del PNUD a los países en la presentación de compromisos climáticos nacionales más ambiciosos y la consecución de sus objetivos climáticos, procuramos comprender las principales limitaciones para acelerar el progreso en la reducción de emisiones en el sector del transporte y trabajamos con los países para abordarlas. En nuestro último estudio exhaustivo, analizamos cómo 20 países de América Latina y el Caribe han incluido medidas específicas sobre el transporte en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
Foto: PNUD Guatemala
Foto: PNUD Cuba
En muchos países, el transporte de carga por carretera, que representa el 70 % del transporte total de carga en la región, es la mayor fuente de emisiones, en parte debido a una flota obsoleta e ineficiente. En Colombia, por ejemplo, los camiones pesados, los autobuses y los camiones ligeros representan el 39 % de las emisiones del sector del transporte. En Chile y Uruguay, la proporción es aún mayor, en torno al 60 %. A pesar de ofrecer oportunidades para reducir significativamente las emisiones, nuestro análisis revela que solo 10 de los 20 países han incluido objetivos para el transporte de carga en sus NDC. Además, solo cinco países tienen en cuenta el transporte multimodal, que combina operaciones por carretera, ferrocarril y vías de navegación interiores, en sus planes climáticos. Se trata de un elemento desatendido que puede mejorar la eficiencia y reducir las emisiones.
Las actividades relativas al transporte público son las que más se están implementando en los NCD de la región. Sin embargo, en los últimos diez años, la mala calidad y cobertura del transporte público (vehículos abarrotados, baja frecuencia, inseguridad) han empujado a la ciudadanía a hacer un mayor uso del transporte privado. En 18 de los 20 países analizados, los ejes de acción específicos establecidos están relacionados con la modernización del transporte público y la transición hacia flotas de bajas emisiones, en su mayoría eléctricas. No obstante, es fundamental que, además de electrificar el transporte público, los países adopten medidas integrales para mejorar el servicio, ampliar las rutas, promover la multimodalidad y ofrecer tarifas asequibles para que constituya una alternativa atractiva al transporte privado o individual.
Esto nos lleva al hecho de que el transporte privado es una fuente importante de emisiones en la región. En Chile, Colombia y Uruguay, los autos representan un promedio del 26 % de las emisiones del sector del transporte. En Costa Rica, los coches privados generan más contaminación que cualquier otro tipo de vehículo, lo que equivale al 47 % de las emisiones totales. Para hacer frente a este problema, los países de la región solo dan prioridad a la electromovilidad en sus planes climáticos. Sin embargo, lograr la electromovilidad a gran escala en la región es una tarea compleja. Los países deben tener en cuenta las emisiones derivadas de la producción de electricidad, la complejidad de desarrollar redes e infraestructuras de carga a la escala necesaria, y lo que se requerirá para reciclar los desechos de equipos eléctricos y electrónicos. Asimismo, un mayor uso de los vehículos eléctricos sigue planteando problemas de congestión, de tiempo de viaje y de distribución equitativa del espacio urbano. Sin embargo, solo 5 de los 20 países se proponen reducir el uso del transporte privado mediante estrategias como la gestión del tráfico y los estacionamientos, y políticas que den prioridad al transporte sostenible o promuevan el teletrabajo.
Foto: PNUD Cuba
Foto: PNUD Uruguay
Como revelan estos datos, existen tanto desafíos como oportunidades que se deben tener en cuenta a la hora de planificar el futuro del transporte de bajas emisiones en América Latina y el Caribe. Para avanzar en los esfuerzos en el sector, nuestro análisis también propone una serie de recomendaciones que los gobiernos pueden utilizar en el diseño de sus NDC actualizadas:
- Comprender las necesidades sociales. Para reducir las emisiones en el transporte, es esencial entender cuáles son las demandas sociales. La introducción de tecnologías de bajas emisiones solo será exitosa si se adoptan a gran escala, lo que dependerá de si responden a las necesidades sociales y a los contextos locales.
- Dar prioridad a la planificación urbana. Los países deben considerar la posibilidad de dejar de diseñar las ciudades en torno a una infraestructura de transporte masiva. Deben comprometerse a reducir la necesidad de viajar de la ciudadanía y ofrecer opciones atractivas que motiven a cambiar voluntariamente de modo de transporte. Las medidas se deben centrar en acortar las distancias de viaje, crear ciudades con múltiples centros económicos y de transporte, y desarrollar planes de ordenación territorial en sintonía con la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto podría favorecer la transición hacia ciudades con un modelo urbano más sostenible, favorable a los modos de transporte no motorizados, y que aproveche la nueva modalidad de teletrabajo combinada con el desplazamiento a pie, en bicicleta y en transporte público eficiente y de bajas emisiones.
- Considerar las fuentes de energía a largo plazo y a escala. Al cambiar a vehículos de bajas emisiones, los países deben tener en cuenta cómo se genera la energía que utilizan estos vehículos y cuán fiable será en el futuro, cuando la tecnología alcance el pleno despliegue deseado. En el caso de los países con una matriz energética sólida y resiliente de fuentes renovables, será más viable, asequible y seguro a largo plazo promover la incorporación de una flota de bajas emisiones basada en el uso de electricidad. Sin embargo, para los países que dependen de los combustibles fósiles para producir electricidad, o en los que la generación de energía renovable está en riesgo, se necesitarán otros enfoques.
- Involucrar a todas las partes en la definición de posibles alternativas. Es fundamental incluir a las principales partes interesadas, como los operadores de transporte, las asociaciones de transporte, el sector privado, las autoridades locales y las empresas de servicios energéticos, en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, al conocer realmente sus necesidades, las ciudades pueden convocar concursos abiertos para aportar soluciones óptimas basadas en evaluaciones detalladas de las necesidades de la ciudad y en las capacidades de producción de energía locales y regionales, con incentivos cuidadosamente diseñados. De este modo se obtendrán mejores resultados que si se adoptan de forma pasiva ofertas del mercado tomadas de otros contextos. Por supuesto, las mujeres, la juventud y otros grupos históricamente marginados también deben participar en los procesos de toma de decisiones y beneficiarse de la transición hacia sistemas de transporte de bajas emisiones.
- Desarrollar una estrategia de financiación a medida para el transporte de bajas emisiones. Al presupuestar la transición hacia un transporte de bajas emisiones, los países deben tener en cuenta el costo total de propiedad, es decir, el costo global del servicio durante todo su ciclo de vida, que incluye la inversión, los costos operativos, las subvenciones y la eliminación final. Estas consideraciones ayudarán a establecer objetivos realistas de reducción de emisiones, acordes con cada contexto específico.
En América Latina y el Caribe, como en el resto del mundo, el transporte es uno de los sectores en los que podríamos lograr una reducción significativa y rápida de las emisiones. No solo por el elevado nivel de emisiones y el impacto potencial de las intervenciones, sino también porque ofrece algunas de las soluciones más sociales para reducir las emisiones con importantes beneficios colaterales en relación con la salud y la calidad de vida. Estas recomendaciones constituyen un punto de partida para ayudar a los gobiernos a incorporar medidas clave relacionadas con el sector del transporte en sus NDC revisadas y garantizar que adopten medidas climáticas colectivas y eficientes para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
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El estudio “Transporte de bajas emisiones para cumplir con el Acuerdo de París en América Latina y el Caribe” se desarrolló bajo la iniciativa Climate Promise del PNUD a través del programa Pledge to Impact. La iniciativa, que se lleva a cabo en colaboración con una gran variedad de asociados, ha ayudado a más de 120 países a mejorar e implementar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París. Pledge to Impact cuenta con el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania, Japón, el Reino Unido, Suecia, Bélgica, España, Islandia, los Países Bajos, Portugal y otros colaboradores de recursos básicos al PNUD. Este programa sustenta la contribución del PNUD a la NDC Partnership.
