La crisis económica y el cambio climático se ciernen sobre la agricultura del distrito yemení de Al-Majhafah. Foto: PNUD Yemen
A medida que se intensifican los efectos del cambio climático, la demanda de medidas de adaptación más sólidas e inteligentes crece más rápido que nunca. Pero hay una cuestión fundamental: ¿quién pagará por ello y cómo?
El costo de la adaptación a los efectos del cambio climático es cada vez mayor. Para 2035, se proyecta que las necesidades de financiación para la adaptación en los países en desarrollo superen los 310.000 millones de dólares de los Estados Unidos anuales, 12 veces más que los flujos actuales de financiación pública internacional de la adaptación (enlace en inglés). Esta brecha no es solo una cifra, sino que refleja profundas desigualdades (enlace en inglés).
Un tema clave en la COP30 será cómo cerrarla. Sabemos que la problemática no se resolverá de un día para otro. Por eso, aprovechar mejor los recursos existentes resulta igual de importante que movilizar otros nuevos. Mientras tanto, los sistemas nacionales y mundiales de financiación para la adaptación deben seguir evolucionando para garantizar que cada inversión genere el máximo impacto, y que este pueda medirse en resiliencia real sobre el terreno.
Para que esa evolución sea posible, se requieren cuatro elementos clave: instituciones nacionales sólidas, flujos internacionales de financiación climática rápidos y predecibles, un conjunto diverso de instrumentos financieros adecuados a la adaptación y sistemas robustos de monitoreo de resultados y aprendizaje a escala.
1. Instituciones nacionales sólidas
En pocas palabras, contar con instituciones nacionales sólidas es la base fundamental de una financiación para la adaptación eficaz. Cuando los gobiernos tienen la capacidad para planificar, coordinar e invertir estratégicamente, es más probable que las medidas de adaptación se mantengan, se expandan y se ajusten a las prioridades nacionales de desarrollo.
Uno de los signos más claros de una capacidad institucional sólida es la coherencia entre los procesos de planificación. Los Planes Nacionales de Adaptación (PNAD) y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) logran su máxima eficacia no cuando se gestionan en marcos normativos separados, sino cuando conforman la planificación económica básica y las decisiones de inversión pública.
El PNUD apoya a los países en la planificación y ejecución integral de estos procesos. Hemos observado cómo los países, a través de esta planificación articulada, han logrado aclarar las funciones y responsabilidades institucionales, fortalecer la colaboración entre ministerios e integrar la resiliencia al cambio climático en las inversiones y la elaboración de presupuestos.
Estas bases institucionales son determinantes: donde existen instituciones sólidas, la financiación para la adaptación se traduce directamente en sistemas agrícolas resilientes, infraestructuras climáticamente inteligentes y programas de protección social más robustos. Los recientes avances que canalizan cada vez más la financiación climática internacional a través de las instituciones nacionales también son una señal alentadora.
Por ejemplo, en Moldova (enlace en inglés), un marco nacional de monitoreo y evaluación de la adaptación —el cual supervisa la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático— está ayudando a integrar las prioridades climáticas en la planificación sectorial y a alinear los planes de desarrollo nacionales y locales con los objetivos de resiliencia climática a largo plazo. Gracias a ello, se ha mejorado la coordinación y reforzado la rendición de cuentas en todas las instituciones.
Mientras tanto, en Fiji (enlace en inglés), el Gobierno ha reforzado sus procedimientos de diseño, ejecución y supervisión de las infraestructuras rurales, al tiempo que ha vinculado la financiación climática internacional con los presupuestos nacionales para desplegar los fondos de forma más estratégica y a mayor escala.
2. Flujos internacionales de financiación climática rápidos y previsibles
En la última década, las inversiones mundiales de actores públicos y privados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la resiliencia se han multiplicado por más de cinco (disponible en inglés). Esto refleja una mayor ambición y un creciente reconocimiento de los costes que implica la inacción.
Paralelamente, el papel de la financiación pública en la adaptación también ha evolucionado. Hace una década, en el período previo al Acuerdo de París de 2015, la financiación para la adaptación se consideraba en gran medida un dominio de los fondos públicos internacionales, en particular de los mecanismos basados en subvenciones. Hoy en día, la financiación mediante subvenciones se considera cada vez más un instrumento catalizador que, en la medida de lo posible, debería utilizarse para reducir el riesgo de las inversiones, mejorar el potencial de financiación y movilizar capital privado y cuasipúblico a gran escala.
A pesar de este cambio de mentalidad, la forma en que se distribuye la financiación climática pública internacional a los países vulnerables sigue presentando retos en dos áreas fundamentales: rapidez y previsibilidad. Muchos países siguen dedicando años a preparar propuestas de financiación, mientras que la financiación adicional que se pretende desbloquear con esos proyectos suele funcionar en plazos mucho más cortos. En la arquitectura internacional de financiación climática actual, los países dedican enormes recursos y tiempo a diseñar proyectos, lo que les resta tiempo para implementar las soluciones de adaptación. El resultado es un proceso que ahoga la innovación y la flexibilidad necesaria para una adaptación eficaz y eficiente.
Mejorar la rapidez y la previsibilidad de la financiación climática no es un simple ajuste técnico, sino que es fundamental para mantener la credibilidad de la cooperación internacional y la confianza de los países en desarrollo a la hora de participar en la cofinanciación, la preparación de proyectos y las reformas normativas. Por el contrario, cuando la financiación es lenta o incierta, se pierden oportunidades y los beneficios de la resiliencia quedan fragmentados. En un reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Financiación Sostenible del G20 (disponible en inglés) se hace eco de esta petición de una financiación climática más rápida y previsible.
Mediante intervenciones de adaptación costera, el PNUD ayuda a Tuvalu a reducir su vulnerabilidad a los efectos adversos de las inundaciones, la erosión del litoral y la subida del nivel del mar. Foto: TCAP / PNUD
El programa SCALA del PNUD y la FAO ayuda a los gobiernos a involucrar a las agroindustrias y las instituciones financieras en el desarrollo de proyectos de adaptación listos para la inversión. Foto: FAO Camboya
3. Un conjunto de instrumentos financieros adecuados a la adaptación
La adaptación requiere un conjunto diverso de instrumentos financieros que puedan responder a distintos tipos de riesgos, sectores y necesidades comunitarias. En los últimos años, los países y los socios para el desarrollo han empezado a ampliar las herramientas disponibles: desde bonos de resiliencia y cláusulas de deuda resilientes al clima, hasta estructuras de financiación mixta que atraen capital privado. Estos instrumentos resultan poderosos, pero solo si los países cuentan con los sistemas necesarios para ponerlos en práctica.
La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática (enlace en inglés) ha reconocido tanto el potencial de estos instrumentos como la importancia de los marcos reguladores nacionales que permiten su despliegue.
Las subvenciones siguen desempeñando un papel fundamental. Muchas medidas de adaptación, tal como la protección de las costas y la restauración de los ecosistemas, no generan beneficios económicos directos y, por tanto, no pueden atraer por sí solas la inversión privada. En estos casos, la financiación pública en condiciones favorables sigue siendo esencial. Sin embargo, las subvenciones también pueden utilizarse estratégicamente para reducir el riesgo de los proyectos, reforzar las instituciones y movilizar la inversión privada y cuasipública cuando exista viabilidad comercial.
A fin de apoyar a los países en este cambio, están surgiendo muchas herramientas y marcos.
Las Directrices del PNUD sobre la estrategia de financiación para la adaptación, que estarán disponibles próximamente, están diseñadas para ayudar a los gobiernos a identificar las necesidades de adaptación y los recursos disponibles, así como los puntos de entrada para la inversión en los sectores público y privado.
El Adaptation Accelerator Hub (AAH) del G7 (enlace en inglés), liderado por Italia, está ayudando a los países vulnerables a aplicar este enfoque en la práctica por medio de la identificación de las prioridades de adaptación listas para la inversión, la creación de carteras de proyectos financiables y la estructuración de alianzas financieras que reúnan capital público y privado de forma coordinada. El apoyo a través del AAH se alineará con otros mecanismos existentes que persiguen objetivos similares, incluidas las Plataformas Nacionales para la Acción Climática y la iniciativa de Planificación de Inversiones para la Adaptación Climática del Banco Asiático de Desarrollo.
Los países también están actuando en este sentido. En Camboya y Côte d’Ivoire (enlaces en inglés), por ejemplo, los gobiernos están colaborando con empresas agrícolas e instituciones financieras para invertir en cadenas de valor resistentes al clima. La financiación pública se está utilizando estratégicamente para reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad, ayudando a movilizar capital privado para la adaptación a una escala que de otro modo no habría sido posible.
El desafío actual consiste en sistematizar estos enfoques y desarrollar tanto las capacidades nacionales como los marcos normativos para que los países puedan utilizar la financiación combinada y otros instrumentos de forma coherente, en lugar de hacerlo proyecto por proyecto.
4. Sistemas robustos de monitoreo de resultados y aprendizaje a escala
Para que la financiación para la adaptación genere una resiliencia significativa y duradera, los países necesitan sistemas que puedan hacer un monitoreo de los resultados y utilizar evidencia sólida para fundamentar sus decisiones. El monitoreo y la evaluación no deben tratarse como ejercicios de cumplimiento, sino como herramientas que ayudan a los gobiernos a comprender qué medidas funcionan, dónde persisten las vulnerabilidades climáticas y cómo pueden asignarse mejor los recursos.
El marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París y el objetivo mundial relativo a la adaptación (enlaces en inglés) están acelerando el avance hacia una presentación de informes más coherente. Sin embargo, el progreso depende en última instancia de sistemas nacionales que puedan recopilar, analizar y aplicar datos en todos los sectores y niveles gubernamentales.
En muchos países se están realizando esfuerzos para desarrollar esta capacidad. En Ecuador (enlace en inglés), una plataforma nacional de adaptación al cambio climático centraliza datos y herramientas para la acción normativa. Uruguay (enlace en inglés) está utilizando un sistema nacional para supervisar las medidas de resiliencia a nivel municipal. En Viet Nam, (enlace en inglés) por otra parte, la información sobre amenazas y vulnerabilidad, junto con las respuestas de adaptación, se está cartografiando para orientar la planificación y las decisiones de inversión en el territorio nacional.
Además, el PNUD está ayudando a los países a consolidar y armonizar sus sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje (enlace en inglés) para que los datos sobre los resultados de la adaptación se integren directamente en los sistemas nacionales de financiación y planificación, fortaleciendo así la rendición de cuentas y amplificando lo que funciona.
Y lo que es más importante: los sistemas de monitoreo y evaluación son más eficaces cuando se incorporan directamente a los procesos de planificación, preparación de presupuesto y aprendizaje.
Estos sistemas son algo más que herramientas de cumplimiento. Al mejorar la claridad sobre el destino de los fondos para la adaptación y lo que se logra con ellos, se genera confianza entre los socios nacionales e internacionales que proveen esta financiación. También permiten identificar qué intervenciones son efectivas, y ayudan a los países a detectar carencias, expandir las iniciativas de éxito y presentar argumentos más sólidos para futuras inversiones.
A medida que crece la financiación para la adaptación, la capacidad de informar con transparencia, aprender continuamente y ajustar el rumbo será esencial para garantizar que cada inversión contribuya a una verdadera resiliencia sobre el terreno.
El PNUD está ayudando a países como Ecuador y Viet Nam a reforzar la transparencia y los sistemas de supervisión para hacer un seguimiento de los avances en materia de adaptación. Foto: PNUD Ecuador
El Plan Nacional de Adaptación de la República de Moldova, apoyado por el PNUD, estableció un marco nacional de supervisión y evaluación que hace un seguimiento de los avances en materia de adaptación, integra las prioridades climáticas en la planificación sectorial y garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones. Foto: FAO
Qué debe ocurrir a continuación
La próxima fase de la financiación mundial de la adaptación debe garantizar que los recursos fluyan con mayor rapidez, lleguen más lejos y generen una resiliencia duradera. Esto significa no solo aumentar el volumen y la calidad de la financiación, sino también apoyar una mayor flexibilidad y simplificar el acceso. Asimismo, tenemos que reforzar los sistemas que hacen que la financiación sea eficaz: instituciones que puedan planificar y coordinar, mecanismos financieros que puedan movilizar diversas fuentes de capital y marcos de supervisión que generen evidencia clara de los avances.
Mientras el mundo espera con interés la COP30 en Brasil y lo que vendrá después, la medida del progreso no será solo la magnitud de los nuevos compromisos, sino si los sistemas de financiación se vuelven más ágiles, más predecibles y mejor alineados con las prioridades nacionales.
La verdadera prueba es si la financiación para la adaptación llega donde más se necesita: en las aldeas costeras, en los terrenos de los pequeños productores agrícolas afectados por la sequía y en general en las comunidades vulnerables que viven la realidad cotidiana del cambio climático.
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