Cómo financian sus objetivos climáticos los países de América Latina y el Caribe

Financiación verde

Chile fue el primer país de América en emitir un bono verde soberano en 2019. Desde entonces, otros países han empleado este tipo de bono o instrumentos financieros similares para respaldar sus acciones climáticas.

En Belice, un canje de deuda por medidas de protección ambiental ha permitido reducir el saldo de deuda externa en un 10 % del PIB y, además, reúne recursos para proteger el arrecife de coral más largo del hemisferio occidental. Siguiendo los pasos de este pequeño Estado caribeño, en 2023, el Ecuador hizo el mayor canje de deuda por medidas de protección ambiental hasta ahora, que le permitirá al país asignar recursos para medidas de conservación en las Islas Galápagos.

No obstante, emitir bonos soberanos no es suficiente. La transparencia es clave para lograr que dichos instrumentos sean fiables y eficientes, y es de vital importancia que los países muestren que cuentan con sólidos mecanismos presupuestarios y de presentación de informes, y que expongan resultados reales. El PNUD ha contribuido a fortalecer el sistema de medición, notificación y verificación del Uruguay, que fue de ayuda para que el Gobierno lograra emitir un bono soberano en 2022. En el Ecuador, se está instaurando para los próximos años una plataforma de seguimiento de financiación climática a nivel nacional que incorpora herramientas de seguimiento de gastos ambientales en el proceso de elaboración de presupuestos.

Pagos basados en resultados de REDD+

Casi la mitad de la tierra de América Latina y el Caribe está cubierta por bosques. Un bosque saludable puede actuar como sumidero de carbono, es decir, que absorbe emisiones de carbono de la atmósfera. Muchos países con grandes bosques tropicales han hecho importantes avances en la reducción de emisiones producto de la deforestación y la degradación forestal (con frecuencia, gracias a las actividades de REDD+).

A través del programa piloto del Fondo Verde para el Clima para REDD+, países como el Brasil, Costa Rica y el Ecuador han podido acceder a 170 millones de dólares en financiación climática con resultados favorables a partir de actividades de REDD+. Costa Rica y el Ecuador están usando la innovadora modalidad de pagos en función de los resultados, de conformidad con la cual reciben fondos si alcanzan determinados resultados de desarrollo acordados previamente, mensurables y verificados de forma independiente.

Costa Rica está usando estos fondos, en parte, para mejorar el acceso a su programa de Pago por Servicios Ambientales por parte de las comunidades de pueblos indígenas y mujeres propietarias de tierra. El Ecuador está usando los pagos para la consecución de su Plan de Acción REDD+, que, entre otros logros, ha dado lugar a la protección de 159.000 hectáreas de bosque por parte de diez comunidades amazónicas e indígenas. Del mismo modo, el Brasil está invirtiendo la mayor parte de los fondos de los pagos basados en resultados en Floresta+, un programa innovador que ofrece incentivos para servicios ambientales a agricultores familiares, comunidades tradicionales y pueblos indígenas de la Amazonía.

Mercados de carbono

Los países que han creado sistemas nacionales para gestionar la sostenibilidad de los bosques —lo cual conlleva una reducción de emisiones forestales y un mayor secuestro de carbono de los bosques— así como para hacer un seguimiento de los cambios en la cubierta forestal y el uso de la tierra, ahora están evaluando cómo comenzar a participar estratégicamente en mercados de carbono para tener una fuente de financiación que los ayude a alcanzar sus compromisos climáticos. Si se diseñan de conformidad con lo dispuesto en la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y cumplen criterios de alta integridad, los mercados de carbono pueden constituir una fuente de financiación importante para los países en desarrollo.

Los países con más superficie forestal están comenzando a participar estratégicamente en mercados de carbono con el fin de cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Actualmente, Costa Rica se encuentra en el proceso de validación y verificación de la reducción de emisiones basada en los bosques, con el objetivo de contar con créditos verificados emitidos a través del programa de Arquitectura para Transacciones REDD+ (ART, por sus siglas en inglés). El PNUD ha ayudado a Costa Rica en la aplicación del Estándar de Excelencia Ambiental REDD+ (TREES, por sus siglas en inglés) de dicho programa para la cuantificación, el seguimiento, el registro y la verificación de la reducción y absorción de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a actividades de REDD+ a nivel jurisdiccional y nacional.

Al mismo tiempo, hay países, como el Perú, que ya son pioneros en la implementación de instrumentos del mercado de carbono desarrollados gracias a la cooperación voluntaria entre países. En 2020, el país firmó el primer acuerdo bilateral de cooperación en mercados de carbono, de conformidad con el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Este acuerdo con Suiza establece un parámetro para garantizar la integridad ambiental de los resultados de mitigación de transferencia internacional.

Economía azul

El concepto de economía azul se enfoca en el uso sostenible de los recursos de los océanos para el crecimiento económico, el empleo y la inclusión social y financiera, con énfasis en la preservación y el restablecimiento de la salud de los ecosistemas oceánicos y los servicios que proporcionan.

Las islas de Barbados, Granada y San Vicente y las Granadinas están trabajando para crear condiciones y marcos financieros tendientes a canalizar fondos para oportunidades de la economía azul (enlace en inglés). El PNUD está trabajando en la región para ofrecer apoyo técnico con el fin de integrar mejor los componentes marinos y costeros en los objetivos climáticos nacionales, concentrándose en los conceptos de economía azul, ecosistemas de carbono azul, y soluciones basadas en la naturaleza, así como su potencial para incrementar la ambición climática y para aprovechar la financiación climática.

Fondos para la biodiversidad

América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Un informe reciente elaborado por el Fondo Mundial en favor de la Naturaleza muestra que la región está sufriendo el mayor descenso de biodiversidad, que asciende a una caída registrada del 94 % en las especies monitoreadas de fauna y flora silvestres.

A nivel mundial, se estima que se necesitan 700.000 millones de dólares por año para revertir la crisis de biodiversidad. La iniciativa BIOFIN, creada por el PNUD y la Comisión Europea, está colaborando con 40 países de todo el mundo para impulsar inversiones en la naturaleza.

En países como México y la Argentina, la iniciativa BIOFIN está ayudando a los gobiernos, a la sociedad civil, a comunidades vulnerables y al sector privado a encontrar soluciones financieras innovadoras que les permitan proteger la naturaleza y la biodiversidad y que, a su vez, generen oportunidades económicas. Las soluciones financieras incluyen diversos tipos de instrumentos, como subvenciones para financiar actividades de conservación de la biodiversidad, bonos verdes, sistemas de seguro para cubrir los costos de desastres ambientales, medidas fiscales como impuestos verdes o la eliminación gradual de subsidios, y pagos por servicios ecosistémicos.

Planeación de las finanzas públicas

Es clave hacer uso de las herramientas presupuestarias para las inversiones públicas y contar con estrategias nacionales de financiación climática para identificar las deficiencias y necesidades específicas de inversión climática de cada país, y para hacer un seguimiento del gasto de cada gobierno para el clima. Dichos datos e información aportan a la base de pruebas para el gasto climático del sector público nacional, y pueden ayudar a atraer más fondos climáticos.

Chile ha estado trabajando para incorporar herramientas presupuestarias relacionadas con el clima en su política fiscal y macroeconómica. Entre ellas se encuentra la revisión y planeación de las finanzas públicas para alcanzar las metas de cero neto para 2050, y la evaluación de costos y requisitos financieros para lograr la neutralidad en carbono en el sector energético de Chile.

La Argentina, el Ecuador, El Salvador y Panamá están revisando y modificando su planificación de finanzas públicas sobre la base de las experiencias de Chile, con el fin de incrementar la asignación de recursos para políticas y proyectos climáticos.

Para conseguir el flujo de recursos financieros y las inversiones necesarias en América Latina y el Caribe, será necesario contar con el apoyo internacional y fortalecer las capacidades de los gobiernos y del sector privado para movilizar fondos. Hay una demanda de herramientas para medir y dar cuenta del flujo financiero que se necesita, para identificar las deficiencias, para concienciar al público, y para desarrollar la capacidad de los gobiernos, las empresas y la ciudadanía en cuanto a la financiación climática.

Al empoderar a los gobiernos para que articulen sus instrumentos financieros con los objetivos climáticos, el PNUD está propugnando un entorno donde la financiación sostenible se convierta en un importante motor de cambio positivo en la región.

Nota: si disfrutaste esta pieza, explora nuestro artículo explicativo sobre la financiación climática.