¿Qué es la justicia climática y por qué es importante?
La justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático.
Se trata de un concepto que se ha utilizado ampliamente para referirse a la desigual responsabilidad histórica que tienen los países y las comunidades con respecto a la crisis climática. Sugiere que los países, los distintos sectores y las empresas que se hayan enriquecido gracias a actividades con altas emisiones de gases de efecto invernadero tienen la responsabilidad de ayudar a quienes se ven perjudicados por los efectos del cambio climático, en particular a los países y las comunidades más vulnerables, que suelen ser quienes menos han contribuido a la crisis.
La justicia climática tiene múltiples aristas. A continuación, presentamos un panorama general sobre algunas de ellas.
- Desigualdades estructurales: Dadas las desigualdades estructurales basadas en diferencias de raza, etnia, género y situación socioeconómica, los efectos del cambio climático pueden sentirse de manera inequitativa, incluso dentro de un mismo país. Los efectos del cambio climático inciden con más gravedad en las mujeres, dado que tienen acceso a menos recursos para adaptarse y hacer frente a los cambios bruscos. Las personas con discapacidades tienen más probabilidades de sufrir los efectos adversos del cambio climático (p. ej., amenazas a su salud, a su seguridad alimentaria, a su acceso al agua, la energía y el saneamiento, y a sus medios de subsistencia), sobre todo en los países en desarrollo. Los pueblos indígenas, que protegen el 80 % de la biodiversidad del mundo, enfrentan crecientes amenazas que ponen en riesgo su existencia, sus medios de subsistencia y sus conocimientos tradicionales.
- Desigualdades socioeconómicas: Los efectos del cambio climático y los recursos necesarios para hacerle frente se distribuyen de forma desigual en todo el mundo. Los países de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables dentro de los mismos son más proclives a sufrir las pérdidas y los daños derivados del clima. El 10 % de los hogares con mayores emisiones per cápita a nivel mundial generan entre el 34 % y el 45 % de todas las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero, mientras que el 50 % de los hogares más pobres generan entre el 13 % y el 15 %.
- Desigualdad intergeneracional: Los niños y los jóvenes de hoy no han contribuido a la crisis climática de forma significativa, pero se verán gravemente perjudicados por los efectos del cambio climático a medida que avancen en la vida. Puesto que sus derechos humanos se ven amenazados por las decisiones de generaciones pasadas, sus derechos deben asumir un lugar central en la toma de decisiones y en la adopción de medidas con relación al clima
¿Por qué es importante la justicia climática?
El cambio climático es una cuestión de derechos humanos. Todas las personas deberían poder vivir de manera digna. No obstante, la crisis climática genera muertes y la pérdida de medios de subsistencia, lenguas y culturas, además de poner a muchas personas en riesgo de sufrir escasez alimentaria e hídrica, y de desencadenar desplazamientos y conflictos.
Además, la crisis climática coarta el derecho a gozar de buena salud. El aumento de las temperaturas, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación tanto del aire como del agua afectan significativamente la salud y generan, entre otros, estrés térmico, brotes de enfermedades, malnutrición y traumas por haber vivido catástrofes.
Las repercusiones son más graves en aquellas poblaciones vulnerables con medios limitados para adaptarse a los efectos del cambio climático. Entre 2010 y 2020, la tasa de mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces más elevada en las regiones altamente vulnerables con respecto a las regiones cuyos niveles de vulnerabilidad eran muy bajos.
La crisis climática también incide en el sistema educativo de un país. Cuando las temperaturas son muy elevadas o se producen fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, es posible que se dañen las infraestructuras y que las instituciones educativas se vean perjudicadas, hecho que amenaza la capacidad de los padres para enviar a sus hijos a la escuela y repercute en el futuro de las nuevas generaciones.
Asimismo, la justicia climática constituye un aspecto importante de la transición justa hacia un futuro sostenible. Las comunidades locales —en especial, los trabajadores informales, así como otras poblaciones vulnerables y marginadas— pueden resultar perjudicadas en dicha transición si no se las protege ni se las consulta. A modo ilustrativo, cada vez existe una preocupación aún mayor en lo referido a las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales necesarios para producir baterías para vehículos eléctricos.
En la actualidad, aquellos actores que menos contribuyeron a la crisis climática se ven perjudicados de manera desproporcionada. Desde la perspectiva de la justicia climática, las responsabilidades en torno al cambio climático deberían dividirse en función del grado en que se haya contribuido al problema mediante un enfoque que, a su vez, aborde las desigualdades sistémicas, socioeconómicas e intergeneracionales.
Foto: Markus Spiske/Pexels
Foto: Ministerio de Justicia de Tuvalu/Facebook
¿Cuáles son los obstáculos para lograr la justicia climática?
Existen numerosos retos a los que se enfrentan los países y las comunidades en pro de lograr la justicia climática.
Uno de ellos es la escasez de transparencia e inclusión en las negociaciones y en los planes sobre el clima. Las voces de las mujeres, las personas jóvenes, los pueblos indígenas y los grupos marginados son vitales para el futuro de nuestro planeta, y es esencial que puedan acceder a plataformas que les permitan participar en la toma de decisiones y la aplicación de políticas y planes. Sin embargo, las voces infrarrepresentadas también pueden ser víctimas de la llamada “participación simbólica”, es decir, que a veces se las incluye para aparentar una política de integración de minorías, aunque, en realidad, solo tienen papeles marginales o carecen de empoderamiento.
Otro obstáculo es la falta de acceso a la educación y a los recursos sobre el medio ambiente, cambio climático y derechos humanos. Esto impide que las personas —generalmente, aquellas más afectadas por el problema— establezcan las conexiones necesarias y participen en los debates políticos pertinentes. Las barreras lingüísticas también suelen representar un problema, sobre todo para las comunidades locales y los pueblos indígenas que participan en la toma de decisiones y en las negociaciones.
En muchos países, los activistas y defensores del medio ambiente se exponen a consecuencias arriesgadas por exigir derechos y justicia ambientales: pueden ser detenidos, amenazados o sufrir violencia, desapariciones forzadas o, incluso, asesinatos. Tal realidad genera un entorno inseguro para que esas personas alcen su voz y exijan justicia.
A nivel mundial, hace décadas que los países de mayor vulnerabilidad reclaman más apoyo financiero y técnico por parte de los países ricos. Si bien, en el último tiempo, hubo algunos avances en la posible financiación de pérdidas y daños, muchas estimaciones llegaron a la conclusión de que los países ricos aún no alcanzaron el compromiso político anual de financiación climática de 100.000 millones de dólares acordado en 2009, cuyo inicio estaba previsto para 2020. Los países ya comenzaron a trabajar en pos de un nuevo objetivo anual negociado, dado que el objetivo actual resulta insuficiente y no cuenta con una base científica. Además, se necesita más financiación anual para hacer frente al creciente calentamiento global.
¿Qué apoyo brinda el PNUD a los países para hacer frente a los problemas relacionados con la justicia climática?
El PNUD cuenta con un vasto historial de colaboración con los países en materia de estado de derecho, derechos humanos y acceso a la justicia, incluidas cuestiones relativas a la justicia ambiental y climática (p. ej., reforma constitucional; derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, entre otros derechos humanos relacionados con el medio ambiente). El PNUD también ha apoyado la creación y aplicación de leyes y políticas ambientales y de cambio climático, además del acceso a la información, la participación pública y la justicia en temas relacionados con el medio ambiente.
Cada vez son más los países que reconocen los derechos humanos en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). A través de la iniciativa Climate Promise, el PNUD trabaja para que la revisión de las NDC en el marco del Acuerdo de París sea un proceso con un enfoque más inclusivo y basado en los derechos. Dicho enfoque incluye la orientación para trabajar con la juventud de manera significativa y la promoción de la igualdad de género en los planes de acción climática. Asimismo, el PNUD trabaja para garantizar la inclusión de los pueblos indígenas en el proceso de las NDC.
En la actualidad, muchos países toman medidas para que la justicia ocupe un lugar central en las cuestiones ambientales y climáticas.
A continuación, se incluyen algunos ejemplos de avances a nivel mundial:
Viet Nam está colaborando con el sector empresarial para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En América Latina y el Caribe, Panamá y Argentina están trabajando en el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana en el diálogo público y de políticas sobre el medio ambiente, incluido su compromiso con el Acuerdo de Escazú —el primer tratado vinculante del mundo que aborda los derechos humanos en relación con el medio ambiente—, que entró en vigor recientemente.
La labor del PNUD en el Líbano está orientada a consolidar la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente para la creación de políticas ambientales en materia de leyes, reglamentos y otros mecanismos políticos.
Türkiye brinda formación sobre justicia climática dirigida a personas jóvenes que ejercen la abogacía para instruirlas sobre cómo proteger los derechos de las personas y comunidades amenazadas por el cambio climático, y cómo inducir a gobiernos y empresas para que adopten más políticas y prácticas inocuas para el clima.
¿Cuál es el futuro de la justicia climática?
Las voces y los reclamos de las comunidades y los grupos vulnerables cada vez ganan más reconocimiento en la agenda internacional. Los activistas salen a la calle en todo el mundo para exigir cambios. La juventud que lidera la acción por el clima ha sido una fuerza poderosa a la hora de llamar la atención sobre cuestiones de justicia climática intergeneracional.
En 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible constituye un derecho humano universal. La declaración reconoce que los efectos del cambio climático, la ordenación y el uso no sostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, las tierras y el agua, la gestión irracional de las sustancias químicas y los desechos, así como la pérdida resultante de diversidad biológica interfieren en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos. Se espera que la declaración sea un catalizador para la acción y que empodere a la ciudadanía para exigir responsabilidad a sus gobiernos.
En reconocimiento al llamamiento de los niños y jóvenes de todo el mundo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas subrayó el derecho de los mismos a gozar de un medio ambiente sano e hizo hincapié en el cambio climático. Durante el proceso de redacción del documento, se consultó a más de 16.000 niños y, en su versión final, se aclararon las obligaciones de los países y del sector empresarial.
Los pequeños Estados insulares en desarrollo también lideraron la defensa de la justicia climática en las negociaciones. En marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica en la que solicitaba a la Corte Internacional de Justicia emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los países frente al cambio climático. El Estado insular de Vanuatu presentó la resolución a partir de una idea de estudiantes del Pacífico, que contó con el apoyo de un grupo central conformado por 17 países. En ella, se solicita a la Corte que emita un dictamen sobre las obligaciones de los países, en virtud del derecho internacional, de garantizar la protección del “sistema climático del planeta”. Además, la resolución también consulta sobre las consecuencias jurídicas que conlleva el hecho de causar daños significativos al sistema climático, especialmente para los pequeños Estados insulares y para las generaciones presentes y futuras.
En un sentido más amplio, los litigios relacionados con la cuestión climática también están en aumento. Existe un número creciente de ciudadanos, jóvenes y comunidades que llevan a juicio a gobiernos y empresas para que afronten su responsabilidad por los daños y las injusticias relacionados con el clima y el medio ambiente.
En la 27.ª Conferencia de las Partes, se adoptó una decisión histórica sobre nuevos mecanismos de financiación, incluido un nuevo fondo, a fin de colaborar con los países y las comunidades especialmente vulnerables para que puedan hacer frente a las pérdidas y los daños provocados por el clima. Esa decisión ayudará a brindar financiación nueva y adicional destinada específicamente a hacer frente a las pérdidas y los daños de quienes se han visto más afectados.
Queda claro que la justicia climática solo irá ganando impulso a medida que pase el tiempo y se acentúen los efectos del cambio climático.
Explorar más historias
